8 de 10. La justicia ha de cegarse

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La decadencia en el ejercicio gubernamental de la República Dominicana ha incidido de manera preponderante en el desgaste de nuestra jurisprudencia. Hoy percibimos un sistema jurídico seriamente afectado por la corrupción, con algunos sectores comprometidos con intereses especiales, emitiendo dictámenes comprados, engavetando expedientes e ignorando sometimientos; manejando nuestras leyes y el sistema jurídico al antojo de unos cuantos, con imposiciones de los demás poderes del estado en franca violación a la independencia que exige la esencia de su funcionamiento.

Por otro lado, la corrupción jurídica transgrede en las promociones y ascensos que en muchos casos se otorgan por relaciones o intereses de algunos sectores. Los bajos salarios asignados a esta rama tan importante del estado, resultan en un gran número de renuncias, lo cual afecta la calidad de sus integrantes, provocando que muchos incurran en actos delictivos tanto del lado de los jueces como de los fiscales.

Otro problema que enfrenta la justicia dominicana es la ineficiencia de nuestros sistemas que se encuentran abrumados por la gran cantidad de casos que se procesan con una parsimonia inaceptable, ya que ésta situación entorpece su funcionamiento, y confabula contra la legitimidad del Poder Judicial. A pesar de que constitucionalmente se establecen normas que garantizan los debidos procesos, en la mayoría de estos casos las leyes se incumplen.

Debemos perseguir la absoluta autonomía de éste vital Poder del Estado para que pueda cumplir su función a favor de nuestra democracia. Necesitamos luchar para transparentar el manejo de nuestra jurisprudencia con constituyentes íntegros, bien capacitados, dotándoles de sueldos justos y beneficios para atraer personas honorables, de reconocida trayectoria y ejemplar desempeño, pero sin tolerancia al soborno, nepotismo, tráfico de influencia, el conflicto de intereses y el peculado que llevarán a severas sanciones.

La jurisprudencia debe actuar con ahínco, ciegamente, castigando de manera ejemplar al crimen y la corrupción, con apego absoluto, respeto a las leyes dominicanas, la Constitución y las decisiones de los tribunales superiores. Es necesario crear condiciones de estabilidad jurídica y una autentica justicia, imprescindibles para el fortalecimiento de nuestro sistema democrático. Estos pasos también resultarán en un crecido desarrollo económico por medio de la inversión extranjera que hoy colocan en países con un mayor clima de seguridad.

Favoreceremos una amplia depuración del sistema judicial, y la revisión de todos los códigos procesales para fortalecer los mecanismos legislativos que garanticen el desarrollo democrático, la transparencia,  la integridad de la administración pública y del Estado.

Como elemento esencial a favor de nuestro crecimiento económico, auspiciaremos la revisión y modificación de los códigos establecidos en materia de bienes raíces, un sector que aún padece de señalamientos de inseguridad, chantajes, doble ventas, asociación de malhechores, emisiones de títulos falsos y otros problemas fundamentales.

Abogaremos por el fortalecimiento de éste sector con leyes aún más rígidas que sancionen a quienes incurren en actos delictivos, y favoreciendo su buen funcionamiento con normas que faciliten el intercambio comercial inmobiliario junto con una reforma al sistema de tributaciones y favoreciendo evaluaciones justas y precisas, así como regulaciones para lograr una zonificación más ordenada por todo el territorio nacional.

Asistiremos en éste proceso con mecanismos que apoyen el registro inmobiliario con calidad y eficiencia ante las exigencias de propietarios carentes de títulos, que logre extirpar el caos que ha representado el sistema jurídico inmobiliario.

También aspiramos a una reposición absoluta que persiga el equilibrio orgánico en el sistema de partidos políticos, por medio de una legislación electoral que exija la autosuficiencia de cada organización. Así podremos garantizar la supervivencia de solo aquellas instituciones que representen los mejores intereses y  la voluntad de sus adeptos. En ese sentido, lucharemos para eliminar  las asignaciones de la JCE para acabar con el clientelismo y el pródigo negocio que es la política dominicana.

Apoyaremos la amplificación y fortalecimiento del rol de la oficina de defensa del pueblo, para tratar de manera eficiente, justa y determinada, los abusos laborales, domésticos, abusos de autoridad y maltrato de cualquier tipo a nuestros ciudadanos dominicanos y/o extranjeros en suelo dominicano.

Es axiomático que la reformación de nuestro sistema jurídico debe contar con el apoyo irrestricto de los demás Poderes del Estado, pero su funcionamiento ha de ser independiente, transparente y absolutamente imparcial.

La justicia es ciega cuando alcanza el máximo de responder adecuadamente al bien común y asume su cuota de responsabilidad a favor de la democracia y el civismo.

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