INSTITUCIONES INTERNACIONALES SOLICITAN A LOS BANCOS EUROPEOS QUE DESCONTINUEN EL FINANCIAMIENTO A LAS PLANTAS DE CARBON DE PUNTA CATALINA

 

Jueves, 7 de abril del 2016,

Santo Domingo, D.N.

 

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Varias instituciones internacionales junto al Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, solicitaron en el día de ayer, a los bancos europeos que financian las plantas de carbón de Punta Catalina, que descontinúen este financiamiento.

Bank Track, Urgewald, Les Amis de la Terre Francia y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, en cartas dirigidas a Deutsche Bank, Societe Generale, Santander, ING y Unicredito, demandaron de estos bancos europeos un compromiso público que indique que su institución no participará en los próximos pagos programados para la construcción del proyecto de las plantas de carbón de Punta Catalina.

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En la misiva hecha pública hoy simultáneamente en la República Dominicana, Estados Unidos de América y Europa, estas organizaciones les piden a estos bancos que aclaren públicamente si el gobierno dominicano ya les devolvió los 200 millones de dólares que este pool de bancos europeos le prestó para pagar deudas contraídas con los suplidores estadounidense en la construcción del proyecto y que el gobierno dominicano les debía de retornar el 1ero. de abril pasado, en caso de que el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social del Brasil, BNDES no hubiera comenzado a realizar el desembolso de 656 millones de dólares comprometidos para cofinanciar junto a los bancos europeos, la construcción de estas plantas de carbón.

Las organizaciones igualmente les reclamaron a estos bancos que aclaren y confirmen públicamente si la interpretación jurídica del contrato waiver suscrito por ellos y el gobierno dominicano, el 23 de diciembre del 2015, establece este compromiso de devover los 200 millones de dólares que prestaron si para el 31 de marzo pasado no se hubiera producido el desembolso de BNDES, y que este incumplimiento producirá automáticamente la finalización del contrato de financiar este proyecto por 632.5 millones de dólares.

Calificaron de “acuciante por principio legal” este incumplimiento del contrato suscrito entre los bancos europeos y el gobierno dominicano que debe poner seriamente en tela de juicio la continuación de la participación de estos bancos en el proyecto Punta Catalina.

Observaron en las cartas que remitieron ayer, que los bancos europeos deben tomar en cuenta la creciente preocupación a causa de lo que pudiera representar para los contribuyentes dominicanos la carga financiera de este proyecto, porque al faltar el cofinanciamiento de BNDES, éste deberá ser suplido por el presupuesto nacional.

“Usted debe tener en cuenta que el BNDES está actualmente imposibilitado de ejecutar este préstamo, ya que está siendo investigado por la Procuraduría General de la República Federal de Brasil por su papel en un escándalo de corrupción en Petrobras y por presunto tráfico de influencias, aducen en el texto de las cartas.

Además de este grave incumplimiento del contrato waiver del 23 de diciembre del 2015, las organizaciones señalaron como causa para rescindir el financiamiento acordado por los bancos europeos a las plantas de carbón, que persisten las denuncias de prácticas corruptas en el proceso de licitación del proyecto.

También señalan como causa de cesación del financiamiento acordado a Punta Catalina, los impactos ambientales y sobre la salud de la población local y el riesgo asociado de conflicto social, así como la amenaza que supone para el clima en general y para la credibilidad de los bancos europeos como partidarios de una acción urgente sobre el cambio climático.

Reclamaron a los bancos a que respondan a las cartas que les remitieron dentro la próxima semana, dada la urgencia de “lo que se ha convertido en una situación muy conflictiva en las últimas semanas debido a las cuestiones contractuales y legales que rodean los primeros y potencialmente subsiguientes tramos de financiación del proyecto”.

Anexos a las cartas, las organizaciones les envían a los bancos europeos un breve análisis de los impactos de la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina y el texto íntegro del contrato waiver suscrito entre estos bancos y el gobierno dominicano, de fecha 23 de diciembre del 2015.

COMITÉ NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO, CNLCC

www.banktrack.org

www.urgewald.org

www.amisdelaterre.org

ANEXOS:

  • Traducción al castellano del texto de las cartas remitidas a los bancos europeos.
  • Cartas en inglés a cada uno de los bancos: Deutsche Bank, Societe Generale, Santander, ING y Unicredit.
  • Contrato waiver suscrito entre el pool de bancos europeos y el gobierno dominicano, de fecha 23 de diciembre del 2016 (en inglés).
  • RECURSO DE REVISIÓN
    A los :
    : Honorables Magistrados Juez Presidente y demás Jueces del Tribunal
    Constitucional.
    Vía :
    Abogados :
    Recurrentes :
    :
    Tribunal Superior Administrativo, T.S.A.
    Euren Cuevas Medina, Braulio Piña Taveras, Maritza Reynoso Santos y el
    Dr. Rafael Darío Coronado.
    Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente
    (INSAPROMA) INC. Domingo A. Acevedo, Demetrio Turbi Ortiz,
    Rafael Enrique De León Piña, Juan A. Vallona, Elías Rivera Carmona,
    David Montes De Oca y compartes.
    Recurridos :
    Contra :
    Asunto :
    Expediente :
    Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Poder Ejecutivo,
    Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Consorcio
    Odebrecht-Tecnimont-Estrella.
    Sentencia No. 117-2016 del siete (07) de Marzo de 2016, dictada por la
    Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo.
    Memorial de Revisión
    No.030-15-02287
    Honorables Magistrados:
    Los suscritos Licenciados. Euren Cuevas Medina, Braulio Piña Taveras, Maritza Reynoso Santos
    y el Dr. Rafael Darío Coronado, dominicanos, mayores de edad, abogados de los tribunales de la
    República, cédulas de identidad y electoral Nos. 022-0016985-8, 001-1135100-3, 071-0010781-7, 001-
    0897662-2 respectivamente con estudio profesional abierto en común en la calle Barahona No. 229,
    Apto 206, quienes actúan en representación del Instituto de Abogados para la Protección del Medio
    Ambiente (INSAPROMA), Inc., entidad no gubernamental, que no tiene por objeto fines lucrativos,
    regida por la Ley 520, del año 1920, derogada por la Ley 122-05, de regulación y Fomento de las
    Asociaciones Sin Fines de Lucro, de fecha ocho (08) del mes de abril del año dos mil cinco (2005),
    incorporada mediante Decreto No. 1024-2001, de fecha 15 de Octubre del año Dos Mil Uno (2001),
    modificados sus estatutos y aprobados por el Procurador General de la República mediante la
    Resolución No. 00048 de fecha 6 de mayo del dos mil trece (2013), obtenido el nuevo registro No.
    006018/01/2013 de fecha Diez (10) del mes de Junio del año Dos Mil Trece (2013), con domicilio
    social en la calle Barahona No. 229, Apto. 206, del sector Villa Consuelo, Distrito Nacional,
    debidamente, representada por su presidente, DR. José Luis Sosa Aquino, dominicano, mayor de
    edad, soltero, Abogado, portador de la cédulas de identidad y electoral No. 0010012782-8 domiciliado
    para estos fines en la mismas dirección social de la institución que representa, dicha entidad hace
    elección de domicilio en la oficina de los abogados apoderados del presente caso y Demetrio Turbi
    Ortiz, dominicano, mayor de edad, soltero, economista, portador de la cédula de identidad y electoral
    1
  • número 003-0032001-7, domiciliado y residente en la Carretera Sánchez número 194, Distrito
    Municipal de Catalina, Municipio Bani, Provincia Peravia, República Dominicana, Directivo
    Asociación de Profesionales y Técnicos de Catalina Inc. (APROTECA); Juan A. Vallona, dominicano,
    mayor de edad, casado, agricultor, portador de la cédula de identidad y electoral No. 003-0087257-9,
    domiciliado y residente en la calle Canela Mota No. 24, Distrito Municipal de Paya, Municipio Bani,
    Provincia Peravia, República Dominicana, Presidente de la federación de campesinos banilejos
    (FECABA); Milton Martínez, Cedula No.002- 0045194-6, ocupación Ingeniero Agrónomo, Estado
    Civil casado, con domicilio en la Carretera Palenque 46, San Cristóbal, República Dominicana,
    Organización: Junta de Vecinos de Sainaguá y miembro de la comisión ambiental de la UASD; Santo
    Felix Santos, dominicano, mayor de edad, casado, técnico en dermatología, cédula de identidad y
    electoral no. 003-0030726-1, domiciliado y residente en la Calle Duarte no. 26, Distrito Municipal de
    El Carreton, Provincia Pervia, RD, Secretario de organización de la Federación de Campesinos
    Banilejos (FECABA); Dolores Paulino, dominicana, mayor de edad, comunicadora social, soltera,
    cédula No. 084-0007311-3- domiciliada en la Calle Máximo Gómez No, 17, sector Don Gregorio,
    Municipio Nizao, Provincia Peravia, RD, Presidenta Sociedad Ecológica de Nizao (SOEN); Grecia
    Argentina Lugo González, dominicana, mayor de edad, soltera, técnica en salud, portadora de la
    cédula de identidad y electoral número 003-0031702-1, domiciliada y residente en la Calle Principal
    no. 20, Distrito Municipal de Catalina, municipio Baní, Provincia Peravia, República Dominicana,
    Presidenta de la Junta de Vecinos Heriberto Lugo; Elías Rivera Carmona, dominicano, mayor de
    edad, casado, estudiante de derecho, portador de la cédula de identidad y electoral número 003-
    0066380-4, domiciliado y residente en la Calle Principal número 56, Distrito Municipal de Catalina,
    Municipio Bani, Provincia Peravia, República Dominicana. Miembro directiva Asociación de
    Profesionales y Técnicos de Catalina (APROTECA); Fernando Polanco, dominicano, mayor de edad,
    soltero, educador, portador de la cédula de identidad y electoral número 003-0053611-7, domiciliado y
    residente en el Distrito Municipal de Catalina, Municipio Baní, Priovincia Peravia, República
    Dominicana, Vicepresidente de la ASOCIACION DE PROFESIONALES Y TECNICOS DE
    CATALINA (APROTECA); todos, todas y cada uno /a actuando legalmente como personas físicas
    residentes en las comunidades impactadas ambientalmente por el proyecto termoeléctrico a Carbón
    Mineral Punta Catalina, miembros de organizaciones comunitarias y del Comité para la Defensa de la
    Salud, el Medio Ambiente y La Agropecuaria de la Provincia Peravia, así mismo suscriben esta acción
    legitima de amparo colectivo los señores José René Olivo Salazar, economista, casado, domiciliado en
    la calle Segunda No. 14, Residencial Rosa María, Prolongación Av. 27 de Febrero, Santo Domingo
    Oeste, cédula de identidad y electoral No. 001-0159261-6; Domingo A. Acevedo, periodista, soltero,
    domiciliado en la calle Tercera No. 42, Barrio Enriquillo, Km. 8, carretera Sánchez, Santo Domingo,
    D.N., cédula de identidad y electoral No. 001-0126789-6; Wilfredo Velázquez Gómez, artista plástico,
    casado, domiciliado en carretera Sánchez No. 60, Km. 7, Barrio San José, Santo Domingo, D.N.,
    cédula de identidad y electoral No. 001-0722932-0; Rafael Enrique De León Piña, profesor, soltero,
    domiciliado en la calle José Gabriel García No. 120 (altos), Ciudad Colonial, Santo Domingo, D.N.,
    cédula de identidad y electoral No. 001-0003375-2; Rubén Toribio Rosario Rosario, profesor, casado,
    domiciliado en la calle 30 de Marzo No. 2, Jima Abajo, Provincia de La Vega, cédula de identidad y
    electoral No. 047-0095143-9; David Montes De Oca, economista, casado, domiciliado en la calle
    Scout, Edif. Flor de Liz, San Pedro de Macorís, Provincia San Pedro de Macorís, cédula 023-0152058-
    7, en calidad de personas físicas y miembros del Comité de Lucha Contra el Cambio Climático
    (CNLCC), quienes tenemos a bien exponer lo siguiente:
    I.- INTRODUCCION AL RECURSO
    Los recurrentes en fecha 3 de diciembre del año 20015, interpusieron una Acción de Amparo
    Preventivo y Colectivo en el Tribunal Superior Administrativo (TSA), argumentando el peligro
    2
  •  DESDE LA BARRICADA.

 

  • inminente a la salud de las comunidades que viven próximo a Punta Catalina donde se construyen las
    plantas a carbón que producirán 720 megavatios, así como el daño al medio ambiente y al turismo,
    fundamentado en informes científicos que depositaron los recurrentes en el TSA y los artículos 61, 66,
    67, 75.11 de la Constitución y el artículo 8 de la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos
    Naturales, No. 64-00, sobre el Principio de precaución y de prevención entre otros.
    En fecha 7 de marzo del año 2016, el TSA emite la sentencia No. 117-2016, declarando inadmisible la
    Acción de Amparo argumentando en el numeral 17 de dicha sentencia que se trata de un control de
    legalidad de actuaciones por parte de la administración pública, cuya solución corresponde a la vía
    ordinaria a nivel de recurso contencioso administrativo, por ser esta la vía judicial idónea para tutelar el
    derecho constitucional invocado, se colige que no procede la acción de amparo, salvo cuando se
    demuestre que la vía contencioso administrativa no es efectiva, que presenta trastornos procesales que
    impedirían la tutela eficaz de los derechos fundamentales, lo que no dictamina el TSA que ocurre en la
    especie, por lo que se acoge el medio de inadmisión planteado, y se inadmite la presente acción de
    amparo.
    Derecho a Recurrir.
    Los recurrentes tienen derecho a recurrir sustentado en los artículos 185.4 de la Constitución de la
    República, 9 y 94 de la Ley Número 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los
    Procedimientos Constitucionales.
    Competencia del Tribunal Constitucional.
    El Tribunal Constitucional es competente para conocer del presente recurso de revisión de amparo, en
    virtud de lo dispuesto en los artículos 185.4 de la Constitución de la República, 9 y 94 de la Ley
    Número 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.
    MEDIO:
    ERRONEA INTERPRETACIÓN DE LA LEY.
    1.- Los jueces del TSA en su sentencia No. 117-2016 del siete (07) de Marzo de 2016, para declarar
    inadmisible la Acción de Amparo en el numeral 11 señalan la Sentencia TC/004/13 del Tribunal
    Constitucional de fecha 15 de marzo de 2013 que estableció entre otras cosas que: “Los actos
    administrativos de efectos particulares y que sólo inciden en situaciones concretas, deben ser
    tutelados mediante la acción de amparo si se violan derechos fundamentales (Art. 75 de la Ley No.
    137-11) o por la jurisdicción contenciosa-administrativa en caso de violarse situaciones jurídicas o
    derechos no fundamentales dentro del ámbito administrativo.” Los recurrentes aplican esta
    jurisprudencia del Tribunal Constitucional fundando su acción de amparo en la urgente necesidad de
    prevenir un daño inminente a la salud y al medio ambiente, que provocaría asimismo un daño
    irreparable a los derechos fundamentales de la Magna Carta. Sentencia TC/0167/2013 de fecha 17 de
    septiembre de dos mil trece (2013). En virtud de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 64-00 sobre el
    principio de prevención y el de precaución, y para sustentar esto, los accionantes depositaron estudios
    científicos que demuestran el daño que producen las cenizas de carbón, los gases y las macropartículas
    emitidas por las plantas de carbón, específicamente en los niveles que los recurridos mismos admiten
    que van a emitir estas plantas “sub-criticas” a ser construidas en Punta Catalina, Provincia Peravia, a la
    3
  • Carabela

 

  • salud humana y al medio ambiente. La extrema y inusual proximidad de estas plantas a los centros de
    población de la zona incrementan aún más los impactos de estas emisiones sobre alrededor de cien mil
    personas. El derecho a un medio ambiente sano es un derecho fundamental tutelado por la Constitución
    Dominicana, conforme al preámbulo y los artículos 14, 15, 16, 17, 66, 67 y 75.11 y que fue ignorado
    por los jueces del TSA con esta interpretación.
    En esta sentencia del Tribunal Constitucional deja claro que si se violan derechos fundamentales debe
    el TSA conocer la acción de amparo si no hay “la existencia de otras vías judiciales que permitan de
    manera efectiva obtener la protección del derecho fundamental invocado…” Sentencia del TSA, 117-
    2016, fecha del 18 de Abril del 2016, p. 10, citando Sentencia TC/0182/13 de fecha 11 del mes de
    octubre del dos mil trece (2013). Disfrutar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado es
    un derecho fundamental consignado en la Constitución de la República en los intereses colectivos y
    difusos. El TSA erra cuando ha interpretado que el recurso interpuesto está atacando el incumplimiento
    de la ley y procedimientos administrativos siendo esto secundario en la acción de amparo, lo principal
    es el peligro inminente al que serán expuestas las personas inmediatamente inicie la operación de esas
    plantas que se construyen en Punta Catalina, Provincia Peravia. La acción de amparo pretendía que el
    tribunal salvaguardara los derechos fundamentales de la población a la salud y a un medio ambiente
    limpio y saludable contra un peligro pleno y obvio como el que representa la contaminación que
    producirán estas plantas por diverentes vías.
    Resulta: Que en el numeral 12 de su sentencia el TSA vuelve a repetir el mismo error obviando y
    omitiendo lo principal. En este punto la sentencia recoge muy bien que el amparo es por el riesgo y el
    peligro de que se violenten los derechos fundamentales a la salud y al disfrute de un medio ambiente
    sano y libre de contaminación y de otros intereses colectivos y difusos de la población, de manera
    preventiva. Sin embargo omite mencionar los estudios depositados en el tribunal que sustentan esos
    argumentos y en cambio trae a consideración un elemento secundario que agrava la situación
    denunciada por el amparo que es la violación a un conjunto de leyes. Aunque si este proyecto
    termoeléctrico de base de carbón mineral cumpliese con todos los requisitos de ley, que
    indiscutiblemente no es el caso habría unos daños a intereses constitucionales que El Tribunal
    Constitucional reconocio y salvaguardo en el caso de Loma Miranda en su Sentencia del 17 de
    septiembre de 2013, TC/0167/13. Es claro que los elementos de ilegalidad fueron mencionados por
    los recurrentes con la intención de concretar y fortalecer los argumentos de daño de los derechos
    fundamentales de los accionantes, no porque se trata de “un control de legalidad” mencionado por la
    TSA, dejando de lado el fundamento de este amparo que es la peligrosidad a la que se exponen todas
    las personas que viven próximo a las Plantas en Punta Catalina.
    Cuando el TSA en el numeral 14 de su fallo nueva vez argumenta que en el recurso de amparo
    interpuesto se trata de violación de derechos fundamentales por violación de leyes, toda vez que la
    señalización de violaciones de leyes cae en error, porque no reconoce que es secundaria las violaciones
    de las leyes citadas. Reiteramos, como lo hemos manifestado en esta instancia, lo principal es el
    peligro inminente y claramente evidente a que están expuestas las familias de la Provincia Peravia que
    viven próximos a Punta Catalina, que recibirán el impacto de gases, de micropartículas y de más de 175
    mil de toneladas de cenizas de carbón al año producidos por estas plantas de carbón.
    En este último aspecto sobre las cenizas de carbón, la Republica Dominicana ha demandado en el caso
    del rockash que consistió en que en los años 2003 y 2004, fueron despositadas 27 mil toneladas de
    cenizas de carbón en Arroyo Barril y en Manzanillo, que apenas representa el 15% de las cenizas que
    producirán las plantas de carbón de Punta Catalina en un solo año, por lo que la AES por depositar
    4
  • esas cenizas en nuestro país, ha tenido que pagar 35 millones de dólares por los daños que han
    ocasionado en estas comunidades.
    El TSA, en el numeral 17 de su sentencia señala que el recurso contencioso-administrativo para
    conocer este petitorio por ser esto según dicho tribunal un control de legalidad de actuaciones por parte
    de la administración pública, también señala que el amparo solo procede cuando se demuestre que la
    vía no es efectiva, que presenta trastornos procesales que impiden la tutela eficaz de los derechos
    fundamentales.
    Evidentemente que la vía contenciosa-administrativa no es la más idónea. Lo primero es que no se está
    solicitando anulación de licencia ambiental, ni de construcción, ni el petitorio de los accionantes se
    basó simplemente en violación de la ley, porque en ese caso se hubiese incoado un amparo de
    cumplimiento, no se trata de eso, y el TSA lo sabe porque obvió referirse al Artículo 8 de la ley 64-00
    sobre el principio de prevención y de precaución. Igualmente el TSA alude a la denuncia sobre la
    violación a la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que se menciona en el recurso de amparo para
    decir que es un asunto de violación de ley dejando de lado lo principal que es el inminente peligro que
    corren las personas citadas. Lo segundo, que se debe tomar en cuenta, y esto lo saben muy bien los
    jueces del TSA, que un recurso contencioso-administrativo se toma entre 3 y 4 años para dictar una
    sentencia, lo que resultaría improcedente, toda vez que los accionantes estaría enfermos o muertos
    algunos para cuando se emita dicha sentencia. Además, ya se está fuera del plazo contemplado para la
    introducción de este proceso contencioso administrativo que son 60 días después de haberse otorgado
    la licencia ambiental, hecho acaecido el 14 agosto del 2014.
    Repetimos que nuestro recurso de amparo buscaba la salvaguarda de los derechos fundamentales a la
    salud y a un medio ambiente limpio consignados por la Constitución de la República gravemente
    amenazados por un peligro obvio e inminente como es la contaminación que producirán las plantas de
    carbón de Punta Catalina, tan pronto comiencen a operar. La vía más idónea para esta acción es
    precisamente el amparo preventivo colectivo ambiental que incoamos ante el TSA y no otro.
    Por todos los motivos antes expuestos, solicitamos a los Honorables Magistrados del Tribunal
    Constitucional lo siguiente:
    Primero: Que declare bueno y valido el presente recurso de revisión constitucional de amparo, por ser
    regular en la forma;
    Segundo: Que obrando por contrario imperio, declaréis bueno y válido el recurso de amparo
    interpuesto por los concluyentes en contra de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales
    (CDEEE), Poder Ejecutivo, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Consorcio
    Odebrecht-Tecnimont-Estrella, por haber sido interpuesto con apego a la ley;
    Tercero: Que obrando por contrario imperio, declaréis que ha lugar a amparar a los accionantes, en su
    derecho fundamental a disfrutar de un medio ambiente sano y libre de contaminación amenazado por
    Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Poder Ejecutivo, Ministerio de Medio
    Ambiente y Recursos Naturales y Consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella, por dos plantas a carbón
    mineral que se están construyendo, no obstante estar prohibidas en el país y consideradas las más
    contaminantes del planeta y sus gases, micropartículas y cenizas como desechos peligros y altamente
    contaminantes que ponen en riesgo peligroso la salud y la vida de las personas.
    Cuarto: Que se declare el procedimiento libre de costas.
    5
  • Es justicia que pedimos y esperamos merecer. En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, a los
    veintidós (22) días del mes de abril del año Dos Mil Dieciséis (2016).
    ABOGADOS
    EUREN CUEVAS MEDINA POR SI Y POR
    MARITZA REYNOSO SANTOS
    BRAULIO PIÑA TAVERAS
    RAFAEL DARIO CORONADO
    ANEXOS:
    – Copia certifica de la Sentencia recurrida No. 117-2016 del 07 de marzo del 2016.
    – Acta de entrega de la Sentencia recurrida, de fecha 18 de abril del 2016.
    – Copia de instancia contenvita del Amparo Preventivo en Defensa de la Comunidades y Personas
    de la Provincia Peravia Impactadas Ambientalmente por el Proyecto Central Termoeléctrica a
    Carbón Mineral Punta Catalina, de fecha 2 de diciembre del 2015, y pruebas documentales
    depositadas que avalan el Amparo.
    – Copia certificada del Auto No. 5707-205 de fecha 9 de diciembre del 2015 que fija audiencia
    pública para conocer el 14 de diciembre de 2015 la Acción de Amparo contra la construcción de
    las plantas de carbón de Punta Catalina.
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